La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de la explotación petrolera en las Islas Malvinas y la factibilidad del proyecto Sea Lion comenzó a discutirse este martes, en la primera audiencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) en Hamburgo, Alemania.
El gobierno de Javier Milei presentó su solicitud el 13 de octubre, cuando invocó el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). El pedido tiene cuatro puntos concretos: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación a través de Sea Lion; que se abstenga de otorgar nuevos permisos en el área; que preserve la información obtenida durante la exploración; y que proteja el medio marino.
La delegación argentina en Hamburgo está encabezada por María Ibarzabal, secretaria legal y técnica de la Presidencia, junto al embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, al frente de la misión argentina en Alemania; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, y Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación.
Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del TIDM, tiene un rol clave como asesor externo en la ingeniería legal: fue quien expone el caso argentino. El especialista representó al país en el caso de la fragata ARA Libertad, en el que el mismo tribunal ordenó en 2012, como medida provisional, la liberación del buque. Las audiencias del martes (y también las del miércoles) son públicas y se transmitirán en vivo en el sitio del Tribunal.
Buenos Aires construyó su argumentación sobre dos resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instó a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta. De ahí deriva la tesis central: explotar recursos en un área bajo disputa activa viola el derecho internacional.
Lo expuso Cohen en el Tribunal: "Mediante el procedimiento arbitral, la Argentina pretende proteger sus derechos sobre los espacios marítimos en virtud de la Convención, en espera de la resolución de la controversia de soberanía territorial, que permanece sin resolver, como ustedes saben, debido a la persistente negativa del Reino Unido", sostuvo.
Y agregó: "Para justificar la necesidad de proteger los derechos soberanos que la Argentina invoca sobre la plataforma continental en disputa, es necesario demostrar que su reclamo de soberanía territorial es plausible. La tierra domina al mar. Es por eso, y únicamente por eso, que nos referimos aquí a la soberanía argentina. Para ello, bastará con decir que las Naciones Unidas reconocen la existencia de una controversia relativa a la soberanía de las Malvinas. También hemos mencionado una larga lista de instrumentos internacionales o regionales mediante los cuales numerosos Estados del mundo reconocen la soberanía argentina. Esto demuestra ampliamente el carácter plausible de los derechos que la Argentina reivindica sobre la plataforma continental alrededor de las islas".
El escrito argentino primario agrega otro argumento de orden práctico: el petróleo es un recurso no renovable y su extracción no puede revertirse con una sentencia posterior. Una vez extraído, ningún fallo puede restituirlo. También invoca los artículos 192 y 194 de la Convemar sobre protección del medio marino. Buenos Aires aclaró expresamente que no pide al Tribunal que resuelva la cuestión de soberanía, sino que ordene el cumplimiento de obligaciones relativas a la explotación de recursos mientras la controversia de fondo se tramita en otro foro.
No hay escrito público británico ante el Tribunal del Mar, y se prevé que sus argumentos jurídicos de fondo se conozcan en las audiencias. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo en la Cámara de los Comunes, el 13 de octubre, que el inicio del reclamo argentino no es un fallo, no invalida las licencias de las islas, no altera su autoridad regulatoria y no obliga a frenar el desarrollo de hidrocarburos.
En aquel momento, citó el referéndum de 2013 —99,8% a favor de seguir siendo territorio británico, con 92% de participación— y dijo que Londres sigue abierto al diálogo y a la cooperación práctica. El argumento de fondo que presentará el Reino Unido, se presume, será que Sea Lion cumple con el tratado de 1982 y que la discusión central debe ser la competencia del Tribunal.
El mismo 13 de octubre, el gobierno británico anunció que presentará legislación secundaria basada en la Protection of Trading Interests Act de 1980 para proteger a las empresas afectadas por medidas extraterritoriales argentinas. La meta declarada es que entre en vigor antes de fin de año. El texto todavía no es público ni ingresó al parlamento británico.
Donald Rothwell, profesor de derecho internacional de la Universidad Nacional de Australia, planteó el dilema central del caso: si el Reino Unido tiene soberanía sobre las islas, Sea Lion es legítimo; si vale el reclamo argentino, el Reino Unido viola la Convemar. Rothwell advirtió que el caso puede caer en el primer obstáculo —la jurisdicción— aunque reconoció que el Tribunal no suele interpretarla de manera estrecha.
Abhijeet Shrivastava y Constantinos Yiallourides, en un análisis publicado en el blog académico EJIL: Talk, señalaron que Argentina no cuenta con una opinión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a su favor que deje de lado la cuestión de soberanía. Si el TIDM no encontrara jurisdicción prima facie, no dictaría medidas provisionales. Según ese análisis, Buenos Aires probablemente apuesta a la obligación de mantener el statu quo, apoyándose en las resoluciones de la ONU.
Vicky Kapogianni, investigadora en derecho internacional del mar de la Universidad de Reading, coincidió en que quien tiene las islas tiene también el lecho marino y el petróleo, lo que hace de la soberanía el nudo del caso.
El procedimiento tiene una particularidad técnica que define el alcance de las audiencias de esta semana. El Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como foro para la solución de controversias prevista en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), mientras que Argentina optó por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). Como las elecciones no coinciden, el fondo del caso deberá resolverse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convemar.
El TIDM solo puede intervenir para dictar medidas provisionales mientras se constituye ese tribunal arbitral. Ese es el objeto de las audiencias previstas para el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo.
Para ordenar esas medidas, el Tribunal debe verificar tres condiciones: que el tribunal arbitral tendría jurisdicción prima facie sobre la controversia, que existe una situación de urgencia y que hay verosimilitud en el derecho invocado, es decir, que los derechos que Argentina busca proteger estén razonablemente fundados tanto en los hechos como en el derecho.
Un especialista en derecho internacional consultado por Infobae precisó que, según el Estatuto y el Reglamento del Tribunal, la decisión sobre las medidas provisionales debería dictarse un mes después de la presentación argentina. Ese plazo vencería el viernes 13 de noviembre, aunque no se descarta que el Tribunal difiera la resolución hasta el lunes siguiente.
Según el cronograma establecido por el presidente del organismo, el juez Maurice Kamga, la delegación argentina expondrá primero, luego será turno de la representación británica tomará la palabra de 15 a 18. Mañana, miércoles 11, Argentina tendrá una segunda intervención, de 10.30 a 12, y el Reino Unido cerrará el procedimiento, de 17.30 a 19.
Argentina cuenta con una jueza de su nacionalidad entre los 21 integrantes permanentes del Tribunal: Frida María Armas Pfirter, elegida vicepresidenta del organismo en octubre. Sin embargo, se excusó de intervenir en este caso, por lo que el país debió designar a un juez ad hoc. El Reino Unido, que no tiene un juez de su nacionalidad en el Tribunal, adoptó la misma medida. Argentina eligió a Raúl Vinuesa y el Reino Unido, a Vaughan Lowe. Ambos juraron el lunes.
El Gobierno argentino analiza tres escenarios posibles, aunque sostiene que ninguno de ellos implicaría otorgar validez legal a la explotación británica de los recursos en disputa.
En el primero, el Tribunal acepta el planteo argentino en su totalidad y ordena al Reino Unido cesar la actividad. Londres ya se comprometió a acatar la eventual orden del TIDM, lo que paralizaría la explotación hidrocarburífera hasta que se constituya el tribunal arbitral de Anexo VII. A partir de ese momento, ese tribunal podrá revisar las medidas provisionales dictadas por el TIDM y confirmarlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
El proyecto, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, está ubicado a unas 107 millas náuticas, equivalentes a 198 kilómetros, al norte de las islas, en un bloque de 541 km². Por ahora, el inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027.
En el segundo escenario, el Tribunal acoge de forma parcial los argumentos de Argentina y rechaza otros. El alcance de la decisión dependerá de cada punto sometido a consideración.
El tercer escenario es el más improbable: que el Tribunal rechace el planteo argentino por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie. En ese caso, Argentina no podría volver a solicitar medidas provisionales ante el TIDM, sino que debería argumentar la jurisdicción del tribunal arbitral directamente ante ese órgano, una vez constituido.
Especialistas consultados consideran que este desenlace es altamente improbable, dado que nunca se registró un antecedente similar en la historia de las medidas provisionales ante este tipo de tribunales, y que la presentación argentina fue sólida en ese punto.
